DESAMORTIZACIÓN Y REVOLUCIÓN BURGUESA.

Empecemos echando mano a la Wikipedia que nos es, siempre, utilísima. Nos dice sobre la desamortización:

La desamortización española fue un largo proceso histórico, económico y social iniciado a finales del siglo XVIII con la denominada «Desamortización de Godoy» (1798) —aunque hubo un antecedente en el reinado de Carlos III de España donde se dice que un ciudadano llamado Javier Jurado propuso la idea de las desamortizaciones, que más tarde se llevó a cabo por Carlos III— y cerrado bien entrado el siglo XX (16 de diciembre de 1924). Consistió en poner en el mercado , previa expropiación forzosa y mediante una subasta pública, las tierras y bienes que hasta entonces no se podían enajenar (vender, hipotecar o ceder) y que se encontraban en poder de las llamadas «manos muertas», es decir, la Iglesia católica y las órdenes religiosas —que los habían acumulado como habituales beneficiarias de donaciones, testamentos y abintestatos— y los llamados baldíos y las tierras comunales de los municipios, que servían de complemento para la precaria economía de los campesinos. Dicho con las palabras de Francisco Tomás y Valiente, la desamortización española presentó «las características siguientes: apropiación por parte del Estado y por decisión unilateral suya de bienes inmuebles pertenecientes a «manos muertas»; venta de los mismos y asignación del importe obtenido con las ventas a la amortización de los títulos de la deuda».

En otros países sucedió un fenómeno de características más o menos parecidas. ​ La finalidad prioritaria de las desamortizaciones habidas en España fue conseguir unos ingresos extraordinarios para amortizar los títulos de deuda pública —singularmente vales reales— que expedía el Estado para financiarse —o extinguirlos porque en alguna ocasión también se admitieron como pago en las subastas—. Asimismo persiguió acrecentar la riqueza nacional y crear una burguesía y clase media de labradores que fuesen propietarios de las parcelas que cultivaban y crear condiciones capitalistas (privatización, sistema financiero fuerte) para que el Estado pudiera recaudar más y mejores impuestos.

La desamortización fue una de las armas políticas con la que los liberales modificaron el régimen de la propiedad del Antiguo Régimen para implantar el nuevo Estado liberal durante la primera mitad del siglo XIX.

Para el caso concreto de Mollina nos centraremos en las desamortizaciones de Mendizábal (1836-1837) y de Madoz (1854-1856).

Aunque lo que se quería conseguir era que fincas que estaban en manos de la Iglesia o de Ayuntamientos sin una explotación moderna pasaran a manos privadas para así ser cultivadas dando jornales y riqueza, mientras que la deuda pública del Estado disminuía, la realidad no fue tan feliz. Dado el distinto tamaño de los lotes, eran en teoría asequibles para grupos sociales de bajos ingresos, pero en la práctica los propietarios y los inversores burgueses acapararon las compras, puesto que eran los únicos que tenían liquidez, sabían pujar y podían controlar fácilmente las subastas.

De hecho, en Mollina había que distinguir las tierras del Cortijo de la Ciudad, repartidas en lotes de pequeña extensión, o las de la Camorra, dividida en parcelas mucho más extensas.

Las consecuencias de la desamortización fueron muy variadas:

 1.− Desmantelamiento casi completo de la propiedad de la Iglesia y de sus fuentes de riqueza, toda vez que el diezmo fue igualmente suprimido en 1837.

2.− La desamortización no resolvió el problema de la deuda, pero si contribuyó a atenuarlo.

3.− La desamortización no produjo un aumento espectacular de la producción agraria, contra lo que pretendían sus promotores. Los nuevos propietarios, en general, no emprendieron mejoras, sino que se limitaron a seguir cobrando las rentas y las incrementaron, al sustituir el pago de los derechos señoriales y diezmos por nuevos contratos de arrendamiento. Muchos de los nuevos propietarios vivían en las ciudades, completamente ajenos a las actividades agrícolas. La desamortización trajo consigo un proceso de deforestación, pese a las prohibiciones del gobierno en ese sentido.

 4.− La desamortización provocó un reforzamiento de la estructura de la propiedad de la tierra: acentuó el latifundismo en Andalucía y Extremadura y el minifundismo en el Norte.  Los que desde luego no compraron fueron los campesinos: o no recibían información de las subastas, o no sabían pujar, o no tenían dinero para hacerlo. Se desaprovechó la ocasión para crear una burguesía agraria acomodada porque muchas veces las comisiones municipales que tenían el encargo de dividir los lotes, ofrecían grandes lotes inasequibles para los pequeños propietarios, pero muy asequibles para esas oligarquías adineradas  En las ciudades ocurrió lo mismo. La mayoría de los inmuebles estaba en el centro urbano, la desamortización contribuyó a un urbanismo discriminador. La alta burguesía acaparó los mejores edificios del centro, excluyendo a las clases medias, confinadas en las viejas viviendas, y dejando para los obreros los arrabales de la periferia.

Cierto es que el Estado con la venta de todas estas propiedades consiguió dinero para financiar las guerras carlistas y para fomentar obras públicas necesarias en aquellos tiempos. Pero no es menos cierto que el latifundio en el centro y sur de España aumentó, los pequeños campesinos se proletarizaron al no poder contar con los bienes comunales para desarrollar su trabajo, lo que acarreó un aumento de la conflictividad social. Las revueltas campesinas –por ejemplo la de Mollina en 1861- se sucedían una tras otra.

En cuanto a los beneficios que en las ciudades se obtuvieron al habilitar el Estado edificios conventuales y huertos transformados en escuelas, edificios para la Administración, o creación de plazas públicas, en Mollina no fueron sentidos ya que no se contaba en el pueblo con órdenes religiosas que proporcionaran edificios para ser aprovechados.  La pérdida de la Casería del Rey tuvo que suponer un buen palo a la enseñanza pública en el pueblo, y la pérdida del Cortijo de la Ciudad ya vimos en qué quedó. Por su parte la pérdida de la Camorra aún es sentida por algunos mollinatos como algo inconcebible e inadmisible.

El estudio que acompaña este texto fue elaborado por Juan Aguado Santos, Manuel Burgos Marín, Isabel de Haro Aramberri y Casiano Manrique de Lara Peñate. Su título: La influencia de las leyes desamortizadoras en la formación de nuevos latifundios en el Partido de Antequera. Y se publicó en las Actas del I Congreso de Historia de Andalucía. Diciembre de 1976. Andalucía Contemporánea (Siglos XIX y XX) Tomo I. Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1979.

Este estudio, a pesar de su pesadez, es de una importancia crucial para entender el fenómeno de las desamortizaciones civiles y eclesiásticas en la comarca. Por él sabemos que en Mollina, de un término de 7.343 hectáreas, 1.751,521 fueron desamortizadas. O sea, un 23,85 % de todo el término. Comparado con Humilladero, un 5,36 % o Fuente Piedra, con un 7,35 % nos podemos hacer una idea de cómo estaban los ánimos por el pueblo a mediados del siglo XIX.

El Cortijo de la Ciudad, cuyas tierras fueron repartidas en 1575, fue vendido a sus arrendatarios fundamentalmente. Ya veremos más adelante un estudio sobre estas ventas. El caserío sí que pasó a manos de propietarios antequeranos hasta su adquisición -mediante herencia- por parte de la Iglesia Católica.

Las actas municipales hacen referencia alguna que otra vez a este problema. Así el 12 de noviembre de 1822 se nos decía que la Casería del Rey era una donación de un señor de Antequera a los PP. Filipenses de Granada, con la condición de que dieran una renta al pueblo para el sostenimiento de escuelas públicas. Al ser desamortizada no sabemos si el ayuntamiento logró conseguir algún fondo para ello.

Parte del dinero de la desamortización era destinado, por ley, a proyectos de modernización, sobre todo de ferrocarriles. Así el 27 de abril de 1859, tras la desamortización de Madoz, el ayuntamiento decide destinar el 80 por ciento de los bienes de Propios para ayuda a la construcción del ferrocarril Campillos-Granada que tenía prevista una estación en este término.

En el acta del 2 de setiembre de 1860 se recoge el acuerdo de hacer la inscripción nominal de la renta consolidada de España al 3 por ciento de 21.551 reales y 30 céntimos pertenecientes al 80 % de Propios. Seguramente esta decisión se tomó al fallar la construcción del ferrocarril por nuestro término.

El 9 de marzo de 1860 aparece en las actas un intento de vender la Camorra. Otro intento sale en las actas del día 15 de agosto de 1861. En ese año se vendió buena parte de ella. Según el acta de 19 de setiembre de 1868 se nos dice que se vendieron 1.485 fanegas y 9 celemines, o sea, 897 Ha. 16 a. 44 ca. Quedaban para el pueblo 1.500 fanegas.

La de fecha 11 de abril de 1875 nos dice que se redimen las tierras de Propios.  Sin embargo en la del 20 de mayo de 1877 se nos dice que más de los dos tercios de la riqueza del pueblo estaba en manos de forasteros. Al año siguiente, acta del 21 de julio de 1878, se nos dice que el pueblo tenía 6.640 fanegas de tierra y 4.912 aranzadas de olivar. Y que la riqueza total del pueblo era de 143.808 pesetas. O sea, 864,30348707222€. Ni mil, siquiera.

El resto de tierras de Propios de la Ciudad de Antequera pagaron un canon al ayuntamiento de esta ciudad hasta los últimos años del siglo XX, cuando se escrituraron éstas a sus colonos.

La primera imagen corresponde al caserío del Cortijo de la Ciudad, perteneciente a los bienes de Propios de la Ciudad de Antequera hasta la desamortización.  Imagen tomada del blog El Color Azul del Cielo. Las siguientes son del estudio de Juan Aguado Santos, Manuel Burgos Marín, Isabel de Haro Aramberri y Casiano Manrique de Lara Peñate ya citado.